Corrupción en SS de la CDMX

Juan Arnulfo Rivas/Mirador Judicial 2019-04-09 11:18:33 Selecciona

 

La Fiscalía General de la Ciudad de México, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Contraloría de la Ciudad de México, están a punto de aplicar la primera sanción por el delito de corrupción, el cual figura en la Reforma Constitucional que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador .

Esto debido a que en la licitación que lanzó la Secretaría de Salud capitalina (SS-CDMX) para adquirir vacunas antirrábicas, las cuales serían ocupadas para las Jornadas Nacionales de Vacunación Antirrábica, fue favorecida la empresa Collage Distribuciones SA de CV., la cual resultó tener sus instalaciones en un taller mecánico de la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Además la empresa Collage no cuenta con ningún documento que demuestre fehacientemente antecedentes, como distribuidora de vacunas antirrábicas caninas a nivel federal o estatal, requisito para la distribución del biológico en el país, como lo señala el oficio emitido por la Secretaría de Agricultura, en diciembre de 2014.

También l SS de la CDMX, pago 5 millones de pesos más que lo establecido en la propuesta del Grupo Dequivamed, por un monto de 23 millones de pesos, lo que significa un quebranto a la hacienda pública; ya que la propuesta de Collage no incluía jeringas, certificados ni placas para la identificación de los perros vacunados.

Hasta el momento existe una querella ante la Contraloría capitalina, la PGR y la SFP, en la cual se responsabiliza de forma directa a Eduardo Castillo Arroyo, director de recursos materiales, abastecimientos y servicios; San Juan Solares, subdirector de recursos materiales; Sonia Delgado Miranda, jefa de la unidad departamental de normas y concursos, quienes son acusados de los delitos de corrupción, ejercicio ilícito de servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho y fraude.

En la denuncia se establece, que se incurrió en un riesgo a la salud pública, incumplimiento a la política de salud para erradicar la rabia y un quebranto a las arcas del gobierno de la CDMX por 5 millones de pesos.