Resoluciones en materia de apelación

Análisis practico de los supuestos previstos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Sumario: I. Introducción. II. Resoluciones del juez de control apelables. III. Resoluciones del tribunal de enjuiciamiento apelables. IV. Conclusiones.

I.       Introducción

Como punto de partida tenemos que la segunda instancia en el Sistema Penal Acusatorio cobra relevancia respecto de los actos o circunstancias que son impugnadas de las determinaciones de los jueces de control y del tribunal de enjuiciamiento, pues no todas las actuaciones de esos operadores son impugnables.

En el anterior sistema penal –denominado mixto– el control de las determinaciones de los jueces eran revisadas a través de diversos recursos; empero, ahora en este nuevo sistema únicamente se prevé a nivel segunda instancia el denominado medio de impugnación de “apelación.”

En este ensayo se abordarán, a través de casos prácticos, las resoluciones apelables del juez de control y del tribunal de enjuiciamiento, las cuales tienen particularidades y cuestiones novedosas respecto de cómo funciona el sistema e incluso lo que puede o no ser análisis por un tribunal colegiado al momento de conocer de un juicio de amparo que derivó de alguna de esas determinaciones de un tribunal de alzada.

II.            Resoluciones del juez de control apelables

Por cuantos hace a este punto debemos observar lo que prevé al respecto el artículo 467 del CNPP, el cual prevé once determinaciones sujetas al control de un tribunal de alzada, entre las cuales figura, algunas cuestiones que se preveían en el anterior sistema; empero, como cuestiones novedosas se incorporó, por ejemplo, las que nieguen el anticipo de una prueba, las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen, las que pongan término al procedimiento o lo suspendan, las que nieguen abrir el procedimiento abreviado o las que excluyan algún medio de prueba, entre otras.

Como se ve, se incorporaron nuevos supuestos que pueden ser materia de análisis de un tribunal de alzada, en el caso, nos ocuparemos al alcance de la apelación cuando se trate de la prevista en la fracción IX, del artículo 467, del CNPP, que lo es “la negativa de abrir el procedimiento abreviado”.

* Alcance del recurso de apelación en la negativa de abrir el procedimiento abreviado.

Como ejemplo exponemos que una persona fue detenida por la comisión de un hecho con apariencia de delito “x”, el cual luego de ser vinculado a proceso, opta   –cubriendo los requisitos de ley– por la apertura del procedimiento abreviado; empero, el juzgador percibe que la pena que ofrece el fiscal, no es acorde con el ilícito por el cual se le vinculó y niega la apertura del citado procedimiento e incluso le da vista al vinculado para efecto de que manifieste en el término de tres días si es su deseo continuar con su defensor. ¿En este caso, cuál sería el parámetro de análisis en segunda instancia?

Para responder a ese cuestionamiento es importante dejar claro que es facultad del fiscal ofrecer una pena para que el imputado la acepte; empero, tiene que ser congruente y de simple lógica con los hechos con apariencia de delitos establecidos en la ley acorde a su marco de punibilidad, ya que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que en los procedimientos abreviados las partes podían negociar la pena, también cierto es que ésta debe ajustarse a los parámetros marcados por la ley “exacta aplicación de la ley” por lo que ofrecer una penalidad en el procedimiento abreviado que no se encuentre dentro de esos parámetros implicaría vulnerar el principio constitucional en mención.

Ahora, se considera que la obligación del tribunal de alzada al momento de verificar si la determinación recurrida –de no abrir el procedimiento abreviado– fue apegada a la legalidad o no, aún y cuando es una facultad de las partes llegar a un acuerdo respecto de la pena a imponer en el procedimiento abreviado, también se creé que en la apelación se debe verificar el objeto de la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal y como lo señala su artículo 2°, que lo es, entre otras, asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, es decir, verificar si el juez atendiendo a los derechos humanos de las partes para aperturar o no el procedimiento abreviado advierte desventaja en alguna de ellas no puede admitirlo.

Circunstancia que tampoco permite el artículo 12 de la citada norma,^[1] pues todo proceso será substanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos. Asimismo, se verificará si el juzgador veló de forma adecuada porque el imputado tuviera una defensa adecuada, técnica e inmediata, derecho humano que es irrenunciable, pues en todas las etapas del proceso tiene que estar asesorado por un defensor técnico.

Pues se piensa que corresponde al órgano jurisdiccional velar –sin preferencias ni desigualdades– por la defensa adecuada y técnica del vinculado –artículo 17 del Código Nacional–^[2] y en caso de que advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor tiene la posibilidad de prevenir al imputado para que designe a otro. Es decir, el juez de control atendió de modo correcto en lo dispuesto en el artículo 121 de la citada codificación.^[3]

Ahora, cabe hacer notar que el sistema penal acusatorio se rige por principios       –previstos en el artículo 20 de la Constitución–, entre los cuales se encuentra el de contradicción, el cual tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, principio de que no se contrapone con la tutela judicial efectiva, pues ésta establece que deben de protegerse y respetarse de manera adecuada los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetos a un proceso.

Ahora, tenemos que dentro del sistema acusatorio se encuentran circunstancias alternas de solución, entre las cuales está el procedimiento abreviado, que acorde con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XLV/2017 (10a.),^[4] es una terminación anticipada del procedimiento que se basa en la aceptación del imputado a ser sentenciado de los hechos y medios de convicción que obran en la carpeta de investigación, para que en el caso de dictar fallo condenatorio se haga acreedor del beneficio de la reducción de la pena.

Es decir, la finalidad del procedimiento abreviado es que el imputado obtenga un beneficio consistente en la reducción de la pena, lo que en el caso no iba a suceder, ya que su defensor no se percató que la pena solicitada, ni siquiera estaba dentro del parámetro que podía solicitar el fiscal, es decir, era excesiva. Por lo que se piensa que la función del tribunal unitario es verificar ese actuar del juez, pero dentro de los límites en los que las partes puedas “interactuar” con las penas a imponer, esto es, ni menos ni más pena de la que le pudiera corresponder.

Circunstancia que el juez de control detectó correctamente,^[5] porque si bien a él le corresponde verificar que efectivamente se actualicen las condiciones presupuestales para la procedencia de la solución anticipada de la controversia, también es verdad que debe analizar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de lo aportado e indicado por las partes, en especial el fiscal quien es el sujeto procesal que propuso la pena de prisión, pues como se dijo, la finalidad del procedimiento abreviado es tener un procedimiento breve y con la posibilidad de obtener sanciones de menor intensidad.

Pues en el caso, la actuación en segunda instancia debe ser verificar si el juez actuó acorde con la legalidad o aplicó de manera exacta la ley, lo que en el caso se advirtió cumplido, pues el juez al advertir que no se cumplía con esa finalidad, la cual también es su obligación verificar, decidió no aperturar el procedimiento abreviado de modo correcto y, el hecho de que haya prevenido por el término de tres días al imputado para que manifestara si quería seguir con su defensa o cambiarla, incluso por una pública, después de advertir las incosistencias destacadas, fue correcto su actuar.

Y fue correcto porque es el garante de que el imputado cuente con una defensa técnica, ya que previo a ordenar la apertura del procedimiento abreviado debe cerciorarse que: 1. Que el imputado otorgue libre y voluntariamente su consentimiento para que se lleve a cabo; y, 2. Que esté consciente de sus alcances y consecuencias, de lo contrario, se vulneraría su derecho a un debido proceso.

Y se dice que no conocía sus consecuencias, porque incluso el juez de control previo a finalizar la audiencia y haberle explicado por qué no admitió el procedimiento, no realizó manifestación. De ahí que si hubiera dado entrada al procedimiento abreviado en las condiciones en las que se le presentó, con una penalidad más alta de la que le pudiera corresponder y dejarle la defensa con la que contaba, se hubiera vulnerado su derecho a un debido proceso y a contar con una defensa técnica.

Es decir, no se hubiera cumplido con el fin por el cual se creó el procedimiento abreviado, que lo fue, la celeridad y el beneficio de obtener una pena menor que en juicio, pues incluso se advierte que si en juicio él hubiera admitido el hecho, podría obtener mejores beneficios que los que le propuso el agente del Ministerio Público de la Federación.[6]

Por lo que la actuación del órgano de segunda instancia se advierte que fue acorde con la Ley y los principios del sistema, pues como expuse en este ensayó, el juzgador de primer grado tiene límites y restricciones, las cuales son, por ejemplo:

i.              Aprobar un procedimiento abreviado con penalidades que excedan de las permitidas.

ii.            Aprobar un procedimiento abreviado con penalidades menores a las que establece el delito.

De ahí que se concluya que el órgano de segunda instancia está para velar porque las partes “interactúen” en ese margen, pues fuera de él, el juzgador o incluso en segunda instancia se puede advertir una vulneración a un derecho fundamental para alguna de las partes aun y cuando ya tengan un acuerdo en común, por ser los juzgadores los rectores del juicio.

III.          Resoluciones del tribunal de tribunal de enjuiciamiento apelables

Las resoluciones que son apelables respecto de actos del tribunal de enjuiciamiento están previstas en el artículo 468 del CNPP, y en la actualidad sólo son dos, las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; y la sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso.

En este ensayo abordaremos las previstas en la fracción II de ese numeral, que son las mencionadas en último término, es decir, de la sentencia definitiva, pero respecto de las consideraciones contenidas en ésta, pero distintas a la valoración de la prueba, pero siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación.

Respecto de este punto es importante mencionar que en la actualidad se ha debatido el tema de “hasta dónde puede o no analizar el tribunal de segunda instancia en apelación la sentencia definitiva”?.

Se explica. Como sabemos, en el anterior sistema de justicia penal –mixto–, el órgano de apelación llámese “tribunal unitario o sala”, revisaba todas las constancias, desde el inicio de la averiguación previa hasta el dictado de la sentencia definitiva, pues eso formaba parte de su obligación como órgano revisor; empero, en el sistema penal acusatorio quien escribe piensa que en la apelación sólo nos debemos limitar a conocer de lo sucedido en la etapa de juicio, ya que quien lo resolvió sólo tuvo como referencia el auto de apertura a juicio y dictó una determinación con lo sucedido en juicio.

Para mejor comprensión explicaremos en qué consiste la etapa de juicio:

Una vez dictada la resolución de apertura de juicio oral, el juez de control la hará llegar al juez de juicio oral o al juez que presida el tribunal de juicio oral competente, poniendo también a su disposición a las personas sometidas a prisión preventiva o a otro tipo de medidas personales. Hecho lo anterior, el juez de juicio oral fijará fecha para la celebración de la audiencia correspondiente.^[7] Es importante señalar que tanto el artículo 20, apartado A, fracción IV, constitucional^[8] como la legislación procesal penal aplicable en su artículo 330,^[9] señalan una prohibición expresa en el sentido de que los jueces que en el mismo asunto hayan intervenido en las etapas anteriores a la de juicio oral, no podrán conocer en esta etapa.

Durante la audiencia de juicio oral se debatirán las cuestiones esenciales del proceso penal, mediante el desahogo de las pruebas señaladas en la resolución de apertura de juicio oral y la exposición de los alegatos de las partes. Terminado el debate, si el juez o tribunal de juicio oral consideran que existen elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable, procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra, de conformidad con el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba y lo dispuesto en la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional; de lo contrario, dictará sentencia en el sentido de absolver al acusado.^[10] En cualquier caso, la autoridad judicial deberá explicar la sentencia durante la audiencia respectiva.

Respecto de este punto, es importante resaltar que por disposición expresa del artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución^[11] —lo cual fue recogido por el artículo 249 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México^[12]—, las actuaciones que realice el Ministerio Público durante la investigación carecen de valor probatorio al momento del dictado de la sentencia definitiva, por lo que sólo podrán ser consideradas como pruebas de cargo susceptibles de enervar la presunción de inocencia aquellas desahogadas públicamente durante la audiencia de juicio oral ante el tribunal correspondiente, salvo que se autorice el anticipo de una prueba, o su incorporación por lectura o reproducción dentro de la audiencia de juicio oral.

Efectivamente, como puede observarse, la reforma al sistema de justicia penal trajo como cambio fundamental el hecho de que la formulación de la imputación debe realizarse con base en los datos obtenidos en la investigación, pero con la intervención de una autoridad jurisdiccional con la finalidad de controlar las actuaciones que puedan derivar en la afectación de algún derecho fundamental del imputado y determinar los medios de prueba que deberán ser desahogadas en juicio oral. Por tanto, será exclusivamente a través del desahogo de esos medios de prueba, que el tribunal respectivo determinará la existencia de algún delito, la responsabilidad penal del imputado en su comisión y las consecuencias legales que deriven a esa determinación.[13]

* * *

Una vez realizada la precisión anterior, se advierte que el tribunal de enjuicimiento con lo único que cuenta para emitir la sentencia respectiva es con el auto de apertura a juicio oral y lo que ahí se desahogó, por lo que no podría ser constitucional que en la apelación se analicen mayores cuestiones que las que se plantearon en la audiencia de juicio.

Pues si bien el numeral 482 del CNPP[14] establece las causas de reposición del procedimiento, cierto también lo es que no prevé cuestiones de análisis de etapas previas a las de juicio, pues quien sí prevé esa cuestión es la Ley de Amparo en su numeral 173, apartado B; sin embargo, se considera que diversas hipótesis no resultan acordes a la estructura, naturaleza y fines del sistema penal acusatorio.

De ahí que podamos concluir que no es constitucional para el tribunal de alzada, verificar otras etapas diversas que la de juicio en la apelación contra la sentencia definitiva, pues si constitucionalmente para el juez no es permisible verificar otras etapas de procedimiento, tampoco lo es para el tribunal de apelación, por lo que se piensa que lo único que se puede analizar respecto de una determinación como una sentencia definitiva, es lo ocurrido en la etapa de juicio, que sea diverso a la valoración de la prueba.

IV.         Conclusión

Estas nuevas hipótesis de apelación y el modo de su substanciación, considero que son acordes con los fines del sistema, pues con sus límites y restricciones, se trata de conservar con ese fin. Pues incluso ese control de las determinaciones no es absoluto, lo que se considera adecuado.

Y se piensa que es adecuado, porque al no permitir analizar cuestiones relativas a valoración de las pruebas en apelaciones contra sentencias definitivas, se respeta la libre y lógica valoración que le dio el juez de enjuiciamiento a los medios de prueba que se desahogaron en su presencia.

Y, por lo que respecta al control vertical de las determinaciones del juez de control, se considera adecuada esa circunstancia, pues se intenta verificar la actuación no sólo del juzgador sino también de las partes y de los fines del proceso, ya que no todo acto emitido por el juzgador será susceptible de esa revisión.

Respecto de lo expuesto en cuanto al procedimiento abreviado considero que las partes sí pueden ejercer libertad en cuanto a las penas que se piden, pero el juzgador debe meterlos en un margen de legalidad del cual para no generar incertidumbre jurídica, se deben ajustar.

Abstracto y palabras clave

Abstracto: Este ensayo pretende determinar, a través de casos prácticos, los alcances en la apelación y la actuación de la autoridad revisora respecto de actos emitidos tanto por el juez de control como del tribunal de enjuiciamiento.

Abstract: The present essay intends to determine, through practical cases, the scope of the appeal and the performance of the reviewing authority regarding acts issued by the control judge and the trial court.

Palabras clave: Procedimiento abreviado; atapa de juicio; tribunal de alzada; etapas previas al juicio oral.