El caso Bolsonaro no es lawfare*

El 22 de agosto de 2025, Jair Bolsonaro, a través de sus abogados, presentó una petición ante el Magistrado Alexandre de Moraes en la que afirma ser víctima de lawfare. Aquí sus palabras: «…entonces, el objetivo es la masacre. La desmoralización. O sea, es lawfare en curso».

La estrategia de la defensa de Bolsonaro es bien conocida y se enmarca en un contexto más amplio. Líderes de derecha y de izquierda han utilizado —sin ningún criterio y con fines puramente performativos— la etiqueta «lawfare». El objetivo es, única y exclusivamente, deslegitimar a la fiscalía y al tribunal.

En 2019, en el libro Lawfare: Una Introducción —escrito conjuntamente con el eminente Magistrado Cristiano Zanin y la distinguida abogada Valeska Zanin Martins—, advertimos que «lawfare no es una mera etiqueta, ni una moda pasajera, ni un juguete al servicio de una determinada ideología política». En este punto, cabe añadir: lawfare tampoco debe ser un mero recurso retórico al servicio de la defensa.

Si así lo hacemos, perdemos todos. La trivialización del término socava su enorme potencial para descubrir y denunciar un fenómeno complejo, multifacético y que amenaza seriamente a las democracias constitucionales. La lawfare, al convertir las normas jurídicas en instrumentos de guerra, resulta en la negación de la ley y los derechos y, por lo tanto, merece una condena amplia e irrestricta.

Cualquier crítica a la conducción del proceso penal en el que Jair Bolsonaro es imputado, así como las denuncias de errores procesales o de juicio —sujetas a revisión según la legislación vigente— no deben confundirse con la caracterización de un proceso como lawfare, situación en la que actos procesales y extraprocesales del Estado revelan la instrumentalización del Derecho con el objetivo de destruir a una persona considerada enemiga.

A diferencia de la Operación Lava Jato (auto lavado) —un claro caso de lawfare que mancha la historia del sistema judicial brasileño—, en el caso Bolsonaro no hay un uso estratégico de la ley para deslegitimar, perjudicar o aniquilar al expresidente. La denuncia presentada por la Fiscalía General de la República contra Jair Bolsonaro expone, de forma clara y objetiva, los hechos imputados, garantizando el ejercicio pleno de la defensa y del contradictorio. Existe abundante evidencia, obtenida legalmente, de que él: (i) estructuró y lideró un grupo dedicado a cometer actos contra el régimen democrático; (ii) impulsó medidas para impedir la investidura del presidente electo; (iii) intentó derrocar a un gobierno legítimamente electo mediante acciones institucionales y populares; y (iv) colaboró en el vandalismo de la sede de los tres Poderes del Estado.

Además, las medidas cautelares ordenadas contra el expresidente restringen proporcionalmente sus derechos fundamentales, representando medidas estrictamente indispensables para la salvaguarda del proceso penal. 

El juicio de un ex Presidente de la República, de sus asesores inmediatos y de militares pertenecientes a la cúpula de las Fuerzas Armadas por crímenes cometidos contra el Estado Democrático de Derecho es un alto decisivo para redefinir nuestro pasado autoritario y construir un futuro de libertad.

Tras tantos años inmersos en dictaduras sangrientas, que silenciaron, torturaron y saquearon al pueblo brasileño, no podemos permitir amnistía ni amnesia. Todos aquellos que atentaron contra las instituciones democráticas deben ser sometidos a un juicio imparcial, dentro de los límites del debido proceso legal, y responsabilizados por los crímenes que comprobadamente cometieron.

Esto es lo que todos esperamos. No solo nosotros, los brasileños, sino toda la comunidad democrática internacional que observa, atención y aprensivamente, el desarrollo del enjuiciamiento que ha comenzado el 2 de septiembre de 2025. 

* Original: O caso Bolsonaro não é lawfare. Traducción a cargo de Israel Alvarado Martínez. 

**Rafael Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC/SP). Es profesor visitante en la Universidad de Manchester (Inglaterra), de la Universidad Le Havre Normandie (Francia), de la Universidad Panamericana (México) y de la Universidad del Comahue (Argentina). Es miembro del Consejo Directivo de la Fundación París 8. Es abogado.