Nadie
puede oponerse a la verdadera voluntad de construir un tejido social. A su vez,
nadie puede oponerse a la idea de buscar mecanismos que regeneren los lazos
destrozados de vidas y poblaciones enteras que han sido alcanzadas por los
tentáculos de la violencia, en eso todos estamos de acuerdo, pero el verdadero
problema surge cuando se apertura un diálogo con grupos que surgieron legítima
pero ilegalmente en diversos territorios del país.
Nadie
pone en duda que en algunos casos la legitimidad de los grupos de autodefensas “auténticas”
como los denominó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero se dio en
un momento crítico, donde le gobierno delegó sus propias funciones de resguardo
y protección a la sociedad en manos de un grupos de hombres para llevarlas a
cabo, permitiéndoles el uso de armas “legales o no” y funciones al margen de la
ley.
Por otra
parte, nadie puede poner en duda que los proyectos de pacificación en
determinados momentos históricos son vitales, los diálogos por la conciliación y
el resarcimiento del daño moral. Pero en el caso de los diálogos que han estado
llevándose a cabo en Guerrero, Tamaulipas y la Huacana en Michoacán, existe
otra historia mucho más compleja que no puede perderse de vista.
Los
grupos de autodefensas han nacido por diversas razones, en algunos casos por la
defensa legítima de sus localidades –nadie puede olvidar las extorsiones a los
limoneros en Michoacán por ejemplo o la violencia brutal contra poblaciones en
Hidalgo, Tamaulipas por grupos del crimen organizado, que dio pie desde el 2010
a que se formaran grupos de “defensa” como fue el caso de la Columna Pedro J.
Méndez –hoy muy cuestionada por sus liderazgos vinculados a grupos del crimen
organizado en la localidad-.
El
problema que se torna delicado es que justo dicha defensa legitima, fue y ha
sido acompañada del uso de armamento
para defenderse y combatir por legítimo derecho la vida y la economía de sus
localidades al margen de la ley - de entrada un mal síntoma-.Hasta aquí las
razones de dichos grupos “auténticos” pudieran no ser cuestionadas, el dilema
comienza quizá con los vínculos locales que dichos grupos pudieran o no
entablar, de primera cuenta para armarse y fortalecer los mecanismos de control
y defensa local.
En este
sentido, habría que ser muy cautelosos al momento de dialogar y prometer
desarrollo económico, generación de empleo, proyectos agropecuarios en zonas,
que de facto estén controladas por grupos criminales de otra envergadura.
Las
consecuencias serían desastrosas, si por afán de mejorar la condición de vida
de poblaciones que han sufrido el embate de la violencia, se vieran ahora
triplemente victimizadas y violentadas por la presencia de fondo de grupos
delictivos que han estado de facto controlando las zonas en donde las
autodefensas “auténticas” tengan sus bastiones de defensa.
En ese
escenario las consecuencias serían terribles, controles de las economías
locales, extorsiones, cooptaciones y esquemas de administración criminal
territorial, serían solo algunos de los efectos que a nadie nos gustaría
presenciar. Nadie discute el hecho de querer mejorar las condiciones de vida de
una población tanto económicamente como socialmente, todo lo contrario, pero
los costos pudieran ser muy altos, si desde otra perspectiva esto pudiera llegarse
a confundir en un mecanismo de controles territoriales.
Hasta el
momento, no se ha dejado ver el mecanismo de selección de grupos de
“autodefensas auténticas” y los que no lo son, y mucho menos, el método para el
desarme de estos grupos y si están dispuestos a ello, situación que se vería
muy poco probable, dada la realidad cotidiana que se vive en estos territorios.
Por otra parte, tampoco sabemos la función que
tendrán dichos grupos en caso de dejar las armas, hasta el momento, la historia
nos ha mostrado que la esencia de todo grupo y/o movimiento de defensa, es no
dejar de serlo, aunque las condiciones de sus localidades mejoren
sustancialmente…Muchas preguntas sobre la mesa, por ahora solo esperar y
observar los procesos de diálogo que se entablan y pensar que existe un
verdadero proyecto de pacificación y no uno de control político territorial
sobre la mesa.