Este lunes, el Congreso de Tabasco aprobó con 24 votos a
favor, una reforma al Código Penal del estado, donde estableció una pena de
hasta 20 años de cárcel a quienes se manifiesten con marchas o bloqueos en las
carreteras, o traten de impedir la ejecución de una obra pública, dicha reforma
fue presentada por el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández.
La legislación, conocida como "Ley Garrote", ha
generado opiniones encontradas entre diversos sectores sociales, pues varios
consideran que esta reforma pretende castigar a quienes realicen
manifestaciones en la entidad.
Las modificaciones para dicha ley se realizaron en los
artículos 299; 306; 307 y 308 del Código Penal de Tabasco serán y se
adicionarán el artículo 196 Bis; y del artículo 308 Bis.
¿Cuáles son las contradicciones de la "Ley
Garrote" y López Obrador?
Esto se debe a que, en la década de los noventa, Andrés
Manuel López Obrador realizó diversas marchas y bloqueos en su natal Tabasco
para manifestarse en contra de fraudes electorales o por lo que consideraba
injusticias para los campesinos, por lo que algunos críticos consideran que la
"Ley Garrote" es una contradicción para la historia del actual
Presidente, quien no tuvo una acción directa en las modificaciones al Código
Penal.
También muchos recordaron que, en 2006, López Obrador
organizó un bloqueo en Reforma que duró en total 47 días tras los resultados
que le dieron 0.56% de ventaja a Felipe Calderón en la elección presidencial.
En aquel momento, el bloqueo afectó la vialidad y la
economía de Paseo de la Reforma y el Zócalo de la Ciudad de México.
¿Qué opina Amnistía Internacional (AI) de la “Ley Garrote”?
La organización Amnistía Internacional (AI) consideró, a
través de un comunicado, que la libertad de expresión y los derechos humanos se
"ponen en riesgo" con la ley aprobada este fin de semana.
La entidad expuso que la llamada "ley garrote"
afecta a "la libertad de expresión y de reunión en el país" y que
podría "ser un paso previo a la criminalización de la defensa de los
derechos humanos".
La organización considera que esta es "una reforma
que criminalizaría las manifestaciones públicas".
"La iniciativa legislativa propuesta en Tabasco
permitiría al Gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de
afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos",
destacó en el boletín Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
Agregó que "esto es una clara violación a la
libertad de expresión en México", dado que "además, se criminalizaría
a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica".
Consideró AI, que este tipo de ley ha sido usado en
México para inhibir indebidamente las manifestaciones y para criminalizar a
personas defensoras de los derechos humanos.