El acuerdo que impidió al procurador ocupar en automático
ese cargo por 9 años, tuvo en su origen un enredo legislativo. Incluso, el
propio presidente Enrique Peña había decidido enmendar la página a los
diputados al enviarles una iniciativa para que el al momento de convertir la
Procuraduría General de la República en la nueva Fiscalía General de la
República el titular de la primera no ocupara en automático el cargo, pero
éstos bajo diversos pretextos decidieron posponer ad infinitum la discusión de esta propuesta.
Por eso y cuando el tiempo se comía a los legisladores de
una y otra cámara, el PRI intentó una carambola de tres bandas negociando
cargos para diputados de oposición, en específico senadores del PAN, a cambio
del pase automático de Raúl Cervantes a Fiscal General de la República. La
maniobra priísta, hecha bajo un contexto de ataques entre dirigentes de
partidos PAN y PRI que permite vislumbrar cómo será el proceso electoral de
2018, no fue fructífera y acabó en el cesto de la basura.
Al final de los dimes y diretes entre legisladores del PAN
que entre sí se acusaron -por decir lo menos- de traidores y vendidos, de los
golpes bajos entre partidos y dirigentes, así como de alianzas impensables se
llegó al cese al fuego. Todos se retiraron a sus esquinas tras el acuerdo del
PRI se llevar a la discusión dentro del Congreso la aprobación para retirar el
pase automático del procurador a Fiscal General de la República. Ahora, luego
de que se recobre la normalidad tras los sismos, se aprobará esa propuesta y se
pasará a buscar a quien será el primer Fiscal General de la República.