Caso Lava-Jato: Una perspectiva desde el Análisis de Redes Sociales

El Análisis de Redes Sociales (ARS) se ha convertido en una herramienta que facilita la organización, sistematización, análisis y visualización de estructuras criminales. Dicha herramienta proporciona información certera y concisa sobre hechos y dinámicas entre individuos y grupos. Se ha destacado por ser una herramienta fundamental para el desarrollo de estrategias para su desarticulación en casos particularmente extensos y de difícil visualización como son aquellas estructuras de corrupción, donde es necesario entender todas las acciones e interacciones entre criminales de tiempo completo y agentes grises^[1]. En este artículo se definen algunas de las estrategias utilizadas para el análisis de la estructura de corrupción conocida como “Lava Jato”. De igual forma se expresan los principales resultados de este análisis.

En marzo de 2014, la Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil iniciaron una investigación, aún en curso, para identificar y desarticular esquemas de corrupción y lavado de dinero. Desde su inicio y hasta mediados de 2018, en el marco de esta operación se han desarrollado 51 fases de investigación en las que se ha revelado la participación de empresas privadas y estatales, funcionarios de alto rango, políticos, empresarios, operadores financieros y narcotraficantes, en un área de operación que abarca más de 47 países. Considerando la cantidad y variedad de agentes implicados, las grandes sumas de dinero, el número de pruebas documentales, el número de declaraciones y la cantidad de países involucrados, este caso supera a la mayoría de los postulados conceptuales y metodológicos de los sistemas de justicia a nivel mundial.

Por un lado, desde la perspectiva conceptual, la noción de crimen organizado adoptada por la mayoría de las naciones limita la composición de una estructura criminal a un grupo de personas (tres o más) que operan dentro de una organización jerárquica con roles estrictamente definidos, a lo largo de un tiempo indeterminado, para llevar a cabo un objetivo criminal que necesariamente debe materializarse en conductas antijurídicas graves^[2] definidas por las leyes específicas y especiales de cada país. Lo anterior se convierte en un obstáculo para el análisis de estructuras complejas al limitar la composición de estas estructuras únicamente a criminales de tiempo completo, los cuales cuentan con roles totalmente definidos y subordinados a un líder que concentra la toma de decisiones de todas las acciones ejecutadas por la organización. Igualmente, la restricción y subsidiaridad a ciertos tipos penales definidos como graves por cada Código Penal obstaculiza la comprensión del alcance de las estructuras criminales modernas, las cuales, como demuestra el presente caso, necesariamente operan entre la legalidad e ilegalidad.

Por otro lado, desde una perspectiva metodológica, las limitaciones en los conceptos establecidos por las leyes especiales originan diversos obstáculos epistemológicos para la investigación de estos fenómenos. En primer lugar, genera que los investigadores, o fiscales, limiten su análisis a criminales de tiempo completo, lo que provoca una imagen sesgada de la operación y alcance de las acciones de la estructura. En segundo lugar, limita el análisis de conductas y hechos a tipos penales definidos como graves, pues el tipo penal de asociación ilícita per se es subsidiario a la comisión de aquellos delitos. Esto ocasiona que las actividades, no necesariamente ilegales, pero necesarias para lograr un objetivo criminal^[3], no sean consideradas dentro de la trama delictiva, lo que afecta la determinación de responsabilidades. En tercer lugar, distorsiona la imagen de la estructura criminal, pues el analista o investigador tiene la consigna de crear una estructura piramidal y compuesta por agentes con roles definidos, lo cual en la práctica no ocurre. Esto ocasiona que en muchos casos se adjudiquen funciones, responsabilidades o hechos que no les pertenecen a miembros de la estructura y que posteriormente no pueden ser acreditados en el juicio.

Dicho lo anterior, para realizar el análisis de la estructura “Lava Jato” se basó en los conceptos y postulados de la teoría de redes, la cual establece que una red social es un grupo de entidades colaboradoras y relacionadas entre sí^[4]. De ahí que su análisis se realiza mediante nodos que representan individuos y líneas o arcos que representan interacciones o vínculos^[5]. Para ello se identifican todos los nodos/agentes que intervienen en las interacciones de los diferentes tipos de prueba en la investigación criminal. En este sentido, no sólo se sistematizan interacciones y agentes/nodos estrictamente criminales, sino todos aquellos que se pueden recabar de la información analizada.

Figura 1. Estructura sintética para sistematizar información

Cada elemento de esta estructura sintética es ingresado a una base de datos sistematizada mediante algoritmos que facilitan la asignación de categorías y la generación de matrices adyacentes a la base de datos que son utilizadas para calcular los diferentes indicadores. Una vez sistematizado, se aplica un conjunto de algoritmos, el cual genera indicadores de rutas geodésicas, entre los cuales destacan los indicadores de centralidad de grado, intermediación y cercanía. Todo esto nos permite comprender cómo los nodos/agentes, en consideración a su capacidad de agencia moral, interactúan durante un periodo de tiempo para lograr objetivos ilícitos a través de múltiples prácticas de corrupción y lavado masivo de dinero.  

En el caso en particular de “Lava Jato”, se establecieron las siguientes dimensiones para la clasificación de las interacciones: (i) dimensión económica, la cual define subcategorías relacionadas con el movimiento de dinero y transacciones financieras; (ii) dimensión política, la cual refiere interacciones relacionadas con y entre líderes políticos, candidatos y algunos funcionarios públicos y privados; (iii) dimensión logística, que abarcan interacciones relacionadas al modus operandi del esquema criminal. Asimismo, se aplicaron las siguientes categorías para clasificar a los agentes/nodos involucrados en las interacciones: (i) sector público, el cual comprende todos los empleados públicos de cualquier institución de gobierno; (ii) sector privado, refiriéndose a todas aquellas personas que desempeñan una actividad comercial lícita y fuera de la esfera pública; (iii) criminales de tiempo completo, el cual abarca a todos aquellos agentes/nodos que realizan como trabajo habitual una actividad que se encuentra definida en algún tipo penal; (iv) instituciones financieras, el cual agrupa agentes/nodos que pertenecen al sistema financiero. Estas clasificaciones nos permiten entender el rol organizacional e institucional de cada agente/nodo, además de las características particulares de la estructura.

Posteriormente, se calcularon los siguientes indicadores: (i) centralidad de grado, el cual permite identificar la cantidad de interacciones directas establecidas para cada agente/nodo e (ii) intermediación, el cual identifica a los agentes/nodos con mayor capacidad para arbitrar o intervenir en rutas geodésicas entre nodos. Dichos indicadores son representados de manera visual en el gráfico generado por los algoritmos de análisis. Por un lado, el indicador de centralidad de grado se visualiza en cada uno de los nodos y este se representa a través del tamaño de circunferencia del nodo. Por otro lado, el indicador de intermediación se visualiza de forma cartesiana y este se representa a través de la posición del nodo dentro del plano del gráfico. En este último, el centro del gráfico como el punto total de intervención en las rutas geodésicas y los márgenes de este como los extremos mínimos de intervención.