Ante la complejidad y el uso de tecnología avanzada en las operaciones
de procedencia ilícita, es necesario que la legislación sea
"dinámica" y la fiscalización e investigación de este tipo de delitos
reditúe en un combate más eficaz, reconoció la Comisión de Hacienda y Crédito
Público del Senado de la República.
Al participar en el Foro "Flujos Financieros Ilícitos, Retos para
enfrentar la Delincuencia Organizada", la senadora Minerva Hernández Ramos
destacó que México ha avanzado en la consolidación y fortalecimiento del marco
jurídico para controlar el flujo de dinero proveniente de actividades
delincuenciales, sin embargo persiste la impunidad.
En el evento que llevó a cabo el Instituto Belisario Domínguez, la
legisladora tlaxcalteca dijo que de acuerdo con la Evaluación Nacional de
Riesgo elaborada por la Secretaría de Hacienda, los principales delitos
determinantes que generan fondos ilegales son: el tráfico de drogas, la
corrupción y la evasión fiscal, indicó.
Además, dijo, el informe de Evaluación Mutua realizado en enero de 2018
por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que podrían estar
ingresando a México grandes cantidades, producto del delito generado en
jurisdicciones extranjeras a través de transferencias electrónicas
internacionales en efectivo.
La ineficacia en las investigaciones y fiscalización de este tipo
ilícitos se traduce, indirectamente, en una nula rendición de cuentas, opacidad
en las cifras y una alarmante situación de impunidad que enfrenta la sociedad,
apuntó.
Además, añadió, se afecta de manera severa la economía del país, ya que
estos recursos no pueden fiscalizarse, no pueden formar parte de la cadena
productiva de valor y mucho menos, contribuir al gasto público.
La legisladora recordó que, a nombre propio y de sus compañeros de
bancada, presentó dos paquetes de iniciativas relacionadas con el combate al
lavado de dinero.
En el primero, plantean cambios a las leyes Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, General del
Sistema de Seguridad Pública y del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, apuntó.
A través de los proyectos de decreto se busca que la Unidad de
Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, cuente con
autonomía técnica y de gestión, y se encuentre a cargo del análisis, la
prevención y el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita,
resaltó.
"El segundo paquete de iniciativas busca fortalecer el sistema de
combate al lavado de dinero y corregir las deficiencias que tienen los
procedimientos que desarrollan quienes realizan actividades vulnerables
mediante la intervención de un auditor externo que evalúe e informe a la
autoridad sobre el cumplimiento por parte de los sujetos obligados",
señaló.
Un marco regulatorio en constante actualización permitiría reducir la
presencia del lavado de dinero y generaría un impulso a la economía, concluyó
Hernández Ramos.
Por lo que indicó que de aprobar su propuesta los recursos autogenerados
por estas instituciones sólo registrarán para efectos comprobatorios de la
Cuenta Pública Federal y éstos podrán tener control inmediato de sus recursos.