El
Senado de la República aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, con lo que desaparece la Procuraduría General de la República para
dar paso a este nueva instancia que se prevé tenga independencia y autonomía.
La norma aprobada reglamenta la organización, funcionamiento y atribuciones del
órgano autónomo que tendrá a su cargo las funciones otorgadas al Ministerio
Público de la Federación.
Luego
de avalar el dictamen en lo general, con 70 votos a favor, los senadores
discutieron las reservas presentadas por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano,
para modificar diversos artículos del dictamen.
Con 61 votos a favor y 37 en contra, se aprobaron en lo particular y en sus términos, diversos artículos que habían sido reservados, por lo que se envió el proyecto de decreto a la Cámara de Diputados.
El
Pleno sí aceptó los cambios a las fracciones I, VIII, X, XV y XXI, del artículo
20 de la ley, propuestos por la senadora Indira Rosales San Román, del PAN,
para acotar las facultades de la Coordinación General de la Fiscalía.
Así,
dicha Coordinación tendrá entre sus atribuciones suplir al titular de la
Fiscalía General de la República, pero sólo en ausencias temporales hasta por
tres meses.
Además,
fueron trasladadas a la Coordinación de Investigación y Persecución Penal, las
facultades que tenía la Coordinación General de la Fiscalía para ejecutar las
extradiciones, así como las acciones relacionadas con la cooperación
internacional; y de conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción, que
el Fiscal le encomiende.
En el
debate para aprobar o desechar las reservas, el presidente de la Junta
Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que “el país está hecho un
océano de sangre, un panteón”. Nunca en la historia, agregó, “había estado la
nación en un estado de emergencia”, con territorios completos sin control
institucional en manos del crimen organizado, por lo que es momento de crear
esta ley.
Aclaró
que se podrá estar en desacuerdo con este ordenamiento. “Sólo les pido, a
aquellos que hicieron compromisos, que honren su palabra. Nosotros actuaremos
con certeza, con serenidad, pero sin ingenuidad; actuamos de buena fe, pero no
somos ingenuos”, advirtió.
A
sugerencia de la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, se modificó el
artículo 6 del dictamen, a fin de que Senado de la República pueda aprobar el
Plan de Persecución Penal.
También
se respaldó la propuesta de la legisladora para evitar que la fracción XX, del
artículo 9 de paso a persecuciones al interior de instituciones y precisar que
entre las facultades de los órganos fiscales está “citar a los servidores
públicos para la realización de actuaciones y diligencias relacionadas con
investigación o proceso, en términos de la legislación aplicable”.
La
asamblea incorporó al proyecto las observaciones que planteó el senador Miguel
Ángel Mancera Espinosa para aclarar la redacción de los artículos 9, 11, 15, 27
y 40; también para establecer en el 18 que el Ejecutivo Federal deberá
acreditar ante el Senado la causa grave que motive la remoción del Fiscal
General de la República.
Aprobó
la adición del artículo Vigésimo Tercero transitorio, que propuso el legislador
del PRD con el propósito de puntualizar que el titular de la Fiscalía será el
Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Con
este cambio, “el régimen de relación que existe entre el Instituto y la
Procuraduría General se mantendrá con la nueva Fiscalía en términos de lo
dispuesto en la normatividad aplicable, en tanto no se reforme o se expida un
nuevo estatuto orgánico del Inacipe”.
Del
mismo modo, el Pleno admitió una modificación al artículo 4, planteada por el
senador Manuel Añorve Baños, del PRI, que precisa que la Fiscalía General
tendrá la facultad de atraer casos del fuero común, en los casos en que se demuestre
la inactividad o ineficacia de la fiscalía local competente.
Modificó
el artículo 50 con el propósito de dotar de autonomía técnica y de gestión a
las Comisiones Especiales que cree el Fiscal General para colaborar en las
investigaciones de feminicidios, violencia sexual, trata de personas o que
impliquen violaciones a derechos humanos. Esta propuesta fue realizada por el
senador Juan Quiñonez, de Movimiento Ciudadano.
A
petición del senador Eruviel Ávila Villegas, del PRI, se incluyó establecer en
el artículo 16 que el titular de la Fiscalía General será ciudadano mexicano
por nacimiento.
También
se adicionó al artículo 60, que los trabajadores de la Fiscalía se regirán por
el artículo 123 de la Constitución, apartado B “fracción XIII”. Dicha fracción
refiere los motivos por los cuales los trabajadores pueden ser separados de su
cargo.
Por
otro lado, se avaló el cambio propuesto por el senador Juan Zepeda, del PRD, al
artículo Décimo transitorio, a fin de modificar la fórmula de escalonamiento
para los primeros ciudadanos que formarán parte del Consejo Ciudadano. Se
estableció que dos integrantes duren tres años en su encargo, dos personas
cuatro, y una, cinco años.
Adicionalmente,
fueron se respaldadas modificaciones a los artículos 25 y 42, reservados por la
senadora María Guadalupe Murguía, las cuales incluyen que las autoridades de la
Fiscalía expresen los motivos por los cuales se pudieran rechazar las opiniones
o recomendaciones que formule el Consejo Ciudadano respecto del desempeño de la
Fiscalía.
El
Senado también avaló el cambio a los artículos 19 y 20, sugerido por la
senadora del PAN, Kenia López Rabadán, a efecto de que la Unidad Especial de
Género y Violencia contra la Mujer, esté a cargo del Fiscal General.
De
igual manera, rechazó las reservas a diversos artículos presentadas por las
senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz y Kenia López Rabadán, del PAN; Claudia Edith
Anaya Mota, Vanessa Rubio Márquez, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Verónica
Martínez García, Silvana Beltrones Sánchez, y por el senador Ángel García
Yáñez, del PRI.