En sesión de la Comisión Permanente, la diputada Soraya
Pérez Munguía, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 22 de la Constitución.
En la exposición de motivos, señaló que la Ley Nacional de Extinción de Dominio ha
generado preocupación en diferentes sectores de la sociedad, por considerar que
los procedimientos previstos en la misma atentan contra el debido proceso, la
presunción de inocencia, el respeto a la propiedad privada y en general contra
el Estado de Derecho.
Si bien, la esencia de esta nueva Ley, agregó, es dar
respuesta a las demandas de la ciudadanía para combatir la inseguridad, la
corrupción y hacer frente al crimen organizado dándole al Estado los
instrumentos necesarios para afectar su poderío económico, sus finanzas y
bienes.
Sin embargo, esta esencia se ve tergiversada por diversos
elementos que generan incertidumbre jurídica a los ciudadanos, entre ellos:
-La Ley faculta al gobierno para vender anticipadamente
los bienes de los presuntos responsables sin que exista una sentencia
condenatoria; y peor aún, si el ciudadano resulta inocente y sus bienes ya
fueron vendidos, el Estado se lo paga al precio que a su criterio considere lo
cual determina ahora el SAE (ahora el nuevo Instituto de Administración de
Bienes), y se le descuentan incluso los gastos de administración.
-El Ministerio Público tiene 10 años para investigar el
patrimonio del ciudadano, en cambio, éste sólo tiene 10 días para demostrar la
legitimidad de sus bienes en caso de que inicie el proceso en su contra. “Esto
tampoco va acorde a la Ley Marco que se tomó como referencia” subrayó.
-Deja en desventaja y desprotegidos a los ciudadanos
terceros de buena fe, es decir explicó, si la gente renta un departamento y
éste es usado por el inquilino para cometer un delito, dicho inmueble puede ser
sujeto a un proceso de extinción de dominio y mientras se define la legitimidad
del bien, el tercero interesado es perjudicado en su patrimonio.
-Los recursos obtenidos derivados de procesos de
extinción de dominio pueden ser utilizados en programas sociales otorgándole al
Ejecutivo Federal una gran discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.
La legisladora priísta indicó que estos son tan sólo unos
ejemplos que muestran que la ley tiene que ser perfeccionada para no vulnerar los
derechos de los ciudadanos.
Denunció que durante la discusión de la Ley, el PRI, presentó varias reservas para intentar
convencer a la mayoría sobre la importancia de realizar diversas adecuaciones,
sin embargo, todas y cada una de las reservas presentadas fueron rechazadas sin
siquiera abrir el espacio parlamentario para su discusión.
“Con estas modificaciones se podrá hacer frente al crimen
organizado que es el objeto primordial y proteger a la ciudadanía que rentan
sus departamentos, que tienen negocios y
que pueden verse involucrados en alguna situación compleja y eso no puede ser
motivo para que la autoridad atente contra la propiedad privada, contra su
patrimonio y sus derechos”, enfatizó.
Soraya Pérez afirmó que la ciudadanía no es el enemigo.
La figura de extinción de dominio debe
combatir la inseguridad, la corrupción y hacer frente al crimen organizado.
Es sabido, dijo, que las reglas que aplican para las personas involucradas no
puede ser la regla general para todos.
Detalló que en el proceso de extinción de dominio el
ciudadano se enfrenta al Estado mismo. Dicho proceso es agresivo, porque su
finalidad es hacerle frente al crimen organizado, el cual muchas veces si tiene
la capacidad y los recursos para enfrentarlo, pero no así el ciudadano común.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos
Constitucionales, de la Cámara de Diputados.