La Comisión Permanente rechazó por unanimidad la reforma
realizada por el Congreso de Baja California, la cual amplia el periodo del gobernador
electo Jaime Bonilla de dos a cinco años, además exhortó al actual mandatario,
Francisco Vega, legisladores y a los cinco ayuntamientos a derogar dicha reforma.
Con el aval de diputados y senadores de los ocho grupos
parlamentarios representados en ese órgano del Congreso de la Unión, se aprobó
el punto de acuerdo, con críticas de priistas y panistas que acusaron de
posibles prácticas de corrupción a los legisladores de Baja California.
“Se han desatado demonios que creíamos conjurados por la
democracia”, advirtió desde tribuna, la diputa del PRI, Dulce María Sauri,
quien señaló que 32 años después de hechos similares en Yucatán, la historia
parece repetirse, pero con características peores, ya que Jaime Bonilla al
amparo de su amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró
insuficientes dos años como gobernador.
Senadora del PT, Nancy de la Sierra, destacó que los
legisladores deben alzar la voz para que no se siente un precedente negativo
para el régimen de derecho, como legisladores no debemos jugar con la voluntad
popular.
La diputada panista, Lisbeth Mata advirtió que no se
puede tolerar este tipo de precedentes, ya que cualquier legislatura podría
acortar o alargar el mandato de un gobernador, incluso el periodo del mandato
presidencial. Abundó que se debe investigar la posible corrupción de los
legisladores de esa entidad, y de comprobarse, podría convertirse en delito
electoral.
El diputado de Morena, Raúl Bonifaz, destacó en tribuna
que “estamos en un tema de interés nacional que tiene que ver con los valores
democráticos, con la autonomía constitucional de los estados, la consolidación
del federalismo y el respeto al sufragio público, entre otros aspectos.
Abundó que “el proceso de reforma constitucional local
aún está en curso y existe la posibilidad procedimental de que la reforma no se
publique por parte del propio ejecutivo y del congreso local, lo cual puede ser
una señal de autocontención de parte de los poderes locales, ante las críticas
que ha presentado esta reforma”.