Para la creación del nuevo registro de
personas desaparecidas que en el país suman más de 40 mil, además de 26 mil
cuerpos y miles de restos óseos sin identificar, será necesario cumplir con los
estándares de organismos internacionales, como la interconectividad y la
actualización en tiempo real y la cuantificación exhaustiva y adecuada de todas
las personas desaparecidas, señala una investigación elaborada por la Dirección
General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “Historia, retos de mejora y cifras del registro de personas desaparecidas”, elaborado por los investigadores Carlos Galindo, Juan Manuel Rodríguez y la investigadora Susana Ramírez, afirma que, al crear este nuevo registro, se deberá evitar repetir los errores del anterior Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) como, por ejemplo, usar denuncias formales o investigaciones ministeriales como la unidad de observación o de conteo.
FOTO: Héctor Alfaro/OBTURADOR.MX
En ese sentido, la investigación apunta
que la unidad de observación o de conteo deben ser las personas desaparecidas,
como bien han señalado organismos internacionales y organizaciones de la
sociedad civil.
Adicionalmente, el nuevo registro deberá
reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas
desaparecidas, incluir información que permita determinar si se trata de una
desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación
de agentes estatales, ser actualizado de manera permanente, uniforme,
exhaustiva e inmediata y generar datos confiables, se lee en el texto del
Instituto.
El documento del IBD recuerda que el
pasado 4 de abril, el Gobierno Federal presentó un Plan de Implementación de la
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el cual contempla
la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, el nombramiento de una nueva
persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la integración de
comisiones locales de búsqueda, la elaboración de un protocolo en la materia,
así como la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense y el
Sistema Único de Información Tecnológica e Informática, entre otras acciones.
En dicho evento se señaló que los
registros oficiales ya sumaban más de 40 mil personas desaparecidas, así como
26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar, junto con
cientos de fosas clandestinas localizadas, por lo que ante este escenario, de
acuerdo con la investigación del IBD, la implementación de la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada tiene todavía pendientes importantes, entre los
que se encuentran: el mejoramiento del Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas, la Conformación de un Banco Nacional de Datos
Forenses, la integración de registros nacionales de personas fallecidas no
identificadas y no reclamadas, de fosas clandestinas y de detenciones.