Ocho años después de la masacre de San Fernando, donde 72
migrantes fueron asesinados por el grupo criminal de los Zetas, el gobierno
mexicano inició la reparación a una de las víctimas directas que sobrevivió a
esa matanza, lo mismo que a 47 víctimas indirectas que son familiares de cinco
migrantes ecuatorianos que perdieron la vida en esos hechos.
La acción del gobierno mexicano se produce luego de que la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 80/2013
y en 2017 calificara a esos hechos como una grave violación a los derechos
humanos.
En agosto de 2010, un sobreviviente de la masacre llegó hasta un puesto de control instalado por la Secretaría de la Marina (Semar), donde relató la matanza y reveló la zona donde ocurrió. Infantes de marina acudieron hasta ese sitio y constataron los hechos que conmocionaron a nivel nacional e internacional.
Las investigaciones señalaron como responsables de esa
matanza a integrantes del grupo criminal de Los Zetas, ese crimen masivo es uno
de los peores ocurridas en los últimos 20 años en México y que se produjo en el
contexto de la violencia extrema que se vive en el país como consecuencia de la
guerra contra el narcotráfico.
En noviembre del año pasado, murió en un hospital de la
ciudad de México quien fue considerado el autor material de la masacre,
Martiniano de Jesús Jaramillo Silva, El Pata de Queso, presunto líder de Los
Zetas y quien apenas tenía un par de días detenido por las autoridades.
La reparación del daño a los afectados se anunció durante
una ceremonia efectuado en Ecuador con la presencia de representantes de la
embajada de México en ese país, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV) y de representantes del gobierno de Ecuador. La reparación del daño a
los afectados contempla medidas de restitución, rehabilitación y no repetición.