México falla en seguridad y justicia: México Evalúa

 México Evalúa publicó un informe en el que señala que en más del 90 por ciento de los habitantes de las ciudades de Reynosa, Fresnillo, Cancún, Ecatepec, Coatzacoalcos y las zonas norte y oriente de la Ciudad de México se sienten inseguros de vivir allí; mientras que la media nacional es de 76%, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSPU) de junio de 2018.

 Por lo que hace al Estado de México y Veracruz, señala que son las entidades que reportan el mayor número de presuntos feminicidios en lo que va del año con 36 casos cada uno, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

 
De acuerdo con informes oficiales y en los que se basó el estudio de México Evalúa, 5 de los 10 municipios urbanos con las tasas más altas de homicidios dolosos en 2018 se encuentran en el estado de Guerrero: Zihuatanejo (58.3 delitos de homicidios por cada 100 mil habitantes), Acapulco (52.0), Iguala (50.7), Chilpancingo (47.0) y Chilapa (38.6).

Con un crecimiento de 117 por ciento, Cancún, Quintana Roo, se coloca como el sitio que en lo que va del 2018, tiene el mayor crecimiento en la tasa de homicidios dolosos, al pasar de 11.5 a 25.0 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En materia de justicia, la investigación señala que el 75 por ciento de las entidades federativas iniciaron su tránsito de procuradurías a fiscalías. Sin embargo, el proceso de transformación institucional ha despertado más interrogantes que certezas, al advertir múltiples cambios de marcos normativos, modificaciones menores en el diseño organizacional y escasos modelos de gestión operando que, en suma, se traducen en pocos o casi nulos cambios reales en cuanto a prácticas y resultados.
 
Del paso de procuradurías a fiscalías, se tiene que en 4 de estos procesos de los 24 que han sido iniciados en las entidades del país no cumplen con ningún criterio de autonomía; 5 cumplen solo con uno; y 13 cumplen con ambos.

En atención a víctimas, el asunto también presenta malos resultados, ya que 957 funcionarios fungen como asesores de víctimas a nivel nacional, lo que equivale a sólo el 23% de lo establecido como requerimiento mínimo en la Ley General de Víctimas para 2016. Lo anterior implica que para atender a un estimado de 24.2 millones de víctimas mayores de 18 años  en 2017, cada asesor hubiera tenido que brindar acompañamiento a un aproximado de 25 mil víctimas.