Enfrentando los sistemas de corrupción

EDUARDO SALCEDO-ALBARÁN 2018-02-20 20:05:11 corrupción,guatemala,corrupción,corrupción,corrupción,corrupción,corrupción,corrupción

Filosófo con maestría en Ciencia Política por la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, y director de la Fundación Vortex y del Observatorio Global de Redes de Crimen Transnacional, Eduardo Salcedo-Albarán es contundente al señalar que investigar y condenar un gobernador o un presidente corrupto es necesario pero insuficiente. Considerado entre las 300 mentes más brillantes del mundo, Salcedo-Albarán asegura que es indispensable entender y confrontar a los sistemas de corrupción que operan en torno a esos funcionarios; es especialmente importante confrontar los agentes grises que operan entre los sectores legales e ilegales de la sociedad.






El pasado octubre 27 de 2017, un juez guatemalteco dictó apertura de debate para sentencia contra el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y su vice-presidente, Roxana Baldetti, por delitos de corrupción. La decisión sucede casi dos años después de las protestas masivas de septiembre de 2015, cuando miles de ciudadanos paralizaron Ciudad de Guatemala para exigir la renuncia del presidente.


En 2015 la Fiscalía General de Guatemala y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron la existencia de una estructura paralela -incluyendo una oficina- que facilitaba defraudación aduanera. Funcionarios públicos de alto nivel, nombrados por el entonces presidente y la vice-presidente coordinaban la estructura, recolectaban sobornos y lavaban el dinero que luego regresaba a los bolsillos de los mismos funcionarios públicos involucrados, en forma de bienes y dinero. La estructura ilícita y el caso judicial se conocen actualmente en Guatemala como La Línea, haciendo referencia al hecho de que todos los involucrados, incluyendo funcionarios públicos y operadores privados, estaban alienados para operar la línea telefónica a la que importadores llamaban para pedir asistencia en la evasión de impuestos.


Como resultado de la investigación, el juez Miguel Ángel Gálvez leyó una resolución sin precedentes,  señalando que había suficiente evidencia para sustentar los cargos señalados por el Ministerio Público de Guatemala y por la CICIG. Cerca de treinta individuos, incluyendo funcionarios públicos, enfrentan ahora la segunda etapa del proceso, en el que se debatirá la sentencia.


Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala, acusado de corrupción.


Como otros países latinoamericanos, especialmente en Centroamérica, Guatemala tiene una tradición de presidentes corruptos. Sólo durante la última década, Alfonso Portillo (2000-2004) fue sentenciado en 2014 a 70 meses de prisión en la Corte Federal de Manthattan. Recientemente, a mediados de febrero de 2018, el también expresidente Álvaro Colom fue capturado por posibles delitos de corrupción asociados al sistema de transporte masivo de Ciudad de Guatemala.


Por lo anterior, una investigación y juicio contra un presidente corrupto no parece algo novedoso en Guatemala. Sin embargo, Portillo nunca enfrentó acusación formal en Guatemala, pues todo el caso se desarrolló en una corte de Estados Unidos. Por lo tanto, la investigación y acusación formal contra Otto Pérez y su administración en el caso de “La Línea” es una oportunidad única para romper los ciclos de corrupción que afectan a Guatemala.


De hecho, el caso de “La Línea” tiene pocos antecedentes, no sólo en el sistema judicial de Guatemala sino en América Latina. Con excepción de Brazil, pocos otros países están enfrentando la corrupción de manera decidida, incluso en los altos niveles de los sectores políticos y económicos del país. En este sentido, otros países latinoamericanos deberían considerar algunas lecciones y desafíos si también pretenden mejorar realmente institucionales democráticas.


Primero, en Guatemala las investigaciones no sólo se concentraron en los funcionarios públicos de alto nivel, sino en la estructura ilícita completa. Es más fácil para las agencias de seguridad y las fiscalías concentrarse en funcionarios públicos famosos para lograr ilusiones mediáticas. Las agencias de seguridad pueden declarar “misión cumplida” cuando un funcionario público es capturado, incluso antes de lograr sentencias. Sin embargo, en el caso de “La Línea”, en Guatemala cerca de 30 individuos actualmente enfrentan juicio; será más difícil declarar “misión cumplida” pero, en últimas, los efectos serán más estructurales.


Segundo, en una siguiente etapa de investigación de “La Línea”, conocida en Guatemala como el caso “Cooptación”, la Fiscalía General y la CICIG también vincularon a agentes privados con poder económico. Esto quiere decir que no sólo los funcionarios públicos con poder político sino también los privados con poder económico posiblemente enfrentarán juicio. Sólo cuando se investigan, juzgan y sancionan las dimensiones políticas y económicas de una red ilícita, se puede enfrentar realmente la corrupción.


Tercero, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido fundamental para romper el ciclo de infiltración, corrupción y cooptación que ha afectado de manera generalizada a las instituciones de Guatemala. Cuando las agencias de seguridad y el sistema judicial son débiles, y  por lo tanto infiltrados y cooptados por redes ilícitas, es casi imposible detener el ciclo perverso entre más corrupción y más crimen.


En Guatemala ha sido indispensable adoptar el arreglo institucional de una comisión independiente e internacional, por mandato de Naciones Unidas, con capacidad para investigar y acusar. La vergonzosa experiencia del Sistema Anticorrupción Mexicano, al que tras la parafernalia mediática no le siguió el indispensable nombramiento de fiscal anticorrupción, demuestra que algunas veces es necesario el acompañamiento internacional para romper inacción política contra la corrupción. Cuando funcionarios públicos, líderes políticos y agentes privados se acostumbran a operar mediante prácticas corruptas, es casi imposible que ellos mismos, por iniciativa propia, cambien la situación.


El SNA en México demuestra la necesidad de un acompañamiento internacional para romper la política corrupta.


Como es de suponer, los sectores corruptos y poderosos de Guatemala constantemente atacan a la CICIG. Por ejemplo, se argumenta que la existencia de la CICIG atenta contra la soberanía del país. Sin embargo, la mayoría de guatemaltecos defiende la esperanza de justicia que la CICIG ha llevado al país; de hecho, miles protestaron el pasado agosto de 2017 cuando el actual presidente intentó expulsar al jefe de la CICIG, Iván Velazquez, como represalia por investigaciones contra su hijo.


Estas lecciones, y otras que también han emergido de Brasil en cuanto a la conformación de fuerzas de tarea, deberían reconocerse en varios países latinoamericanos que comparten una historia común de corrupción y élites perversas que condenan a la población a una situación de miseria y victimización.


Investigar y condenar un gobernador o un presidente corrupto es necesario pero insuficiente. Es indispensable entender y confrontar a los sistemas de corrupción que operan en torno a esos funcionarios; es especialmente importante confrontar los agentes grises que operan entre los sectores legales e ilegales de la sociedad. De lo contrario, será imposible enfrentar aquellas acciones que son aparentemente legales cuando se analizan de manera aislada, pero que son ilícitas cuando se investigan en el contexto de una red de corrupción. Una reunión con un presidente es usualmente legal, excepto cuando es para nombrar a un funcionario que facilitará una red de corrupción. Por este motivo es indispensable investigar y juzgar a los sistemas de corrupción en conjunto.

Inmensos desafíos económicos, políticos y sociales emergen cuando se confrontan los sistemas de corrupción. Nunca ha sido fácil para una sociedad institucionalmente disfuncional adoptar el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Sin embargo, en el corto plazo esta es la única manera de consolidar sociedades democráticas y legítimas.




[1] Una primera versión apareció en la plataforma de Stratfor Global Fellows: Salcedo-Albarán (2017) A Line of Corruption: How Guatemala is Confronting Illicit Macro-Structures, https://worldview.stratfor.com/horizons/fellows/eduardo-salcedo-albaran/18012018-line-corruption-how-guatemala-confronting-illicit-macro-structures


*Eduardo Salcedo-Albarán es director de Scientific Vortex Foundation Inc., un grupo de investigación transnacional y sin fines de lucro que desarrolla conceptos, metodologías e insumos para políticas públicas bajo principios integradores de ciencia. Salcedo-Albarán aplica su vasto conocimiento de inteligencia artificial, neurociencia y análisis de redes sociales a su investigación en su área de especialización en el crimen organizado transnacional. Ha escrito sobre las áreas de evolución y genética para científicos sociales y filósofos, inteligencia artificial e introducción al pensamiento científico para psicólogos. Su investigación actual examina cómo las redes sociales ilegales usan estas dinámicas modernizadoras y actualmente está desarrollando investigaciones transdisciplinarias sobre las redes criminales transnacionales en Colombia, Perú, Guatemala y México.