El Pleno del Senado avaló aumentar las penas de cinco a
ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene,
compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes,
falsas o actos jurídicos simulados.
En la sesión de este día, se aprobó con 82 votos a favor
y 34 en contra en lo general, el dictamen que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de
la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales,
del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
Se establece que se consideran delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas
falsas, considerando que éste sea un delito similar al contrabando y su
equiparable.
Señala como delito “la expedición, venta, enajenación,
compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a
través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de
comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos
jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en
ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a
diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.
Para presentarlo, la senadora Marybel Villegas Canché,
integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, refirió que de 2014 a
junio de 2019 se identificaron cerca de nueve mil empresas que facturan
operaciones simuladas.
Dichas empresas emiten ocho millones de facturas con lo
que suman 1.6 billones de pesos, lo que implica una evasión de 354 mil millones
de pesos, es decir, equivale a 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto. Los
recursos por evasión podrían ser destinados a las entidades con mayores rezagos
sociales, señaló.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos,
Primera, Mayuli Latifa Martínez Simón, precisó que las modificaciones a la Ley
Federal de Delincuencia Organizada tipifican y equiparan la defraudación fiscal
y defraudación fiscal equiparada con la delincuencia organizada cuando el monto
de lo defraudado supere los siete millones 804 mil 230 pesos.
En la Ley General de Seguridad Nacional se adiciona una
fracción XII al artículo 5 para que los actos ilícitos en contra del fisco
federal, es decir defraudación fiscal, se consideren como amenaza a la
seguridad nacional, señaló.
La senadora Sasil De León Villard, afirmó que se estima
que ocho millones de facturas falsas se producen al año. Representan dos
billones de pesos. Un monto equivalente a 70 por ciento de la recaudación
prevista para 2019. Ante estos hechos, el Grupo Parlamentario del PES, dijo,
votará en favor de este dictamen que constituye un esfuerzo para combatir las
malas prácticas fiscales.
El senador Miguel Ángel Mancera informó que el PRD apoya
el planteamiento de la Secretaria de Hacienda. Sin embargo, se deben precisar
los tipos penales abiertos, no dejar las conductas a la interpretación de que
cualquier contribuyente pueda caer en delincuencia organizada, además
incluirlo, como seguridad nacional. "No estamos de acuerdo".
En su participación, el senador Rogelio Israel Zamora
Guzmán, del Grupo Parlamentario del PVEM, dijo que con la aprobación de este
dictamen se dará un mayor margen de actuación a las autoridades fiscales y
penales para inhibir la compra y venta de facturas falsas, delito que ha
reducido el potencial de recaudación del gobierno.
A su vez, el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del
Partido del Trabajo, señaló que la iniciativa abona al combate contra la
corrupción. Además, anunció que su bancada está en favor de la legalidad y del
Estado de Derecho, así como en la participación social para alcanzar los
objetivos nacionales. Adelantó que votarían a favor de la iniciativa.
Por Movimiento Ciudadano, el senador Samuel García
Sepúlveda celebró que el Senado “se anime a ir con todo el peso de la ley” en
contra de las empresas fantasmas, la compra y venta de facturas. Pero se tiene
que corregir el tipo penal de la defraudación fiscal, porque se puede ejercer
la prisión preventiva oficiosa en contra de una persona que omitió una
declaración fiscal.
Nuvia Mayorga Delgado, senadora del Grupo Parlamentario
del PRI, acusó que “esta es una reforma penal que criminalizará” a los
contribuyentes, personas morales y físicas, sin distinción alguna. “Uno de los
absurdos de esta ley es que hace que la delincuencia organizada sea un sujeto
de derecho que debe pagar impuestos”, expresó.
Por su parte, la senadora Minerva Hernández Ramos expresó
que Acción Nacional votaría en contra del dictamen porque establece reformas
inconstitucionales que pondrán a los contribuyentes cumplidos “contra la espada
y la pared”. Asume, dijo, que todos son delincuentes organizados y que la
evasión fiscal es “el deporte nacional”.
El senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, aseguró que
esta reforma está en favor de los empresarios que generan empleos y se la
juegan por México. La propuesta, señaló, es del pueblo de México que “está
harto de los políticos delincuentes, disfrazados de empresarios. Es la hora de
cerrarle el paso al influyentísimo, a la corrupción y a la impunidad”.
La Asamblea aceptó la modificación al artículo primero
transitorio, propuesto por la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Morena,
a efecto de establecer que esta reforma entre en vigor el 1 de enero de 2020 y
sea aplicable al ejercicio fiscal que comienza el próximo año.
Asimismo, se avaló una reserva presentada por el senador
de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, para modificar el artículo segundo
transitorio con el objetivo de que todos los ilícitos cometidos antes de la
entrada en vigor del presente decreto, continúen siendo investigados, juzgados
y sentenciados por las autoridades correspondientes.
“No podemos perdonar a los grupos que incurrieron en
conductas ilícitas, se debe facultar a las autoridades para que no queden en la
impunidad”, sostuvo el promovente.
El senador Ricardo Monreal Ávila presentó, a su vez, tres
reservas al dictamen. Una que tiene que ver con el artículo 2, relacionado con
el 113, tanto del Código Penal de Procedimientos Penales como del Código Fiscal
de la Federación. Se agrega en la fracción tercera que la expedición, venta,
enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen
operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados de conformidad con
los dispuesto en el artículo 113 BIS del Código Fiscal de la Federación,
exclusivamente cuando las cifras cantidad o valor de los comprobantes fiscales
superen tres veces lo establecido en la fracción 3 del artículo 108 del Código
Fiscal de la Federación.
Debido a que la redacción no establece un parámetro en la
expedición, compra, venta o enajenación dolosa de un comprobante fiscal falso,
el legislador de Morena propone que se considere al pequeño contribuyente con
hasta 8 millones de pesos, para que no afecte la disposición ni en prisión
oficiosa ni en delincuencia organizada.
Quiere decir que, en caso que el juez considere culpable
al pequeño contribuyente, este tenga una pena de dos años, por lo que podrá
enfrentar el procedimiento en libertad. También propuso adicionar en el
artículo 113 la palabra "a sabiendas" en lugar de "dolosa".