El relator especial sobre el derecho a la privacidad, Joseph
Cannataci, externa su preocupación por la intención del Gobierno ecuatoriano de
entregar a Estados Unidos las pertenencias personales del fundador de
Wikileaks, Julian Assange y pide que no lo hagan.
El experto independiente ha recibido información de que,
a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Gobierno
ecuatoriano registró el 20 de mayo las habitaciones de la embajada en Londres
utilizadas por Assange y confiscar sus documentos, teléfonos, dispositivos
electrónicos, memorias, etc., para entregarlos al Gobierno de los Estados
Unidos.
Assange pasó siete años en esa embajada, donde se le
concedió asilo para evitar una posible extradición a Suecia. El activista fue
detenido por la policía británica el pasado 11 de abril cuando las autoridades
ecuatorianas le retiraron el asilo político. Ahora, está cumpliendo una condena
de 50 semanas de prisión por haber violado los términos de una fianza concedida
en 2010 por la justicia británica.
Estados Unidos está intentando extraditarlo por publicar miles de
documentos militares clasificados y de telegramas diplomáticos. Y Suecia ha
reabierto la investigación por acoso sexual y violación.
Cannataci ha escrito al Gobierno del Ecuador recordando
las garantías que deben existir antes de cualquier registro, y también se ha
ofrecido a proporcionar la asistencia de expertos imparciales para supervisar
el registro y separar la información que pudiera ser relevante para un eventual
proceso penal en los Estados Unidos de la información privada que debería
devolverse a Assange. El relator aseguró en un comunicado que está
“decepcionado por la falta de respuesta oportuna” del Gobierno del Ecuador.
"En dos
ocasiones he pedido formalmente al Gobierno de Ecuador que devuelva los efectos
personales del Sr. Assange a sus abogados, pero parece que tiene la intención
de entregarlos a las autoridades estadounidenses”, explica. Cannataci asegura
que no tienen “ningún problema” con los procedimientos de registro e
incautación que se llevan a cabo “correctamente en virtud del Estado de
Derecho”, pero en este caso hay “circunstancias muy especiales”. El relator
considera que además de la privacidad, otros derechos humanos “están en juego”
especialmente la libertad de expresión. “También corren peligro si parte del
material del Sr. Assange cae en manos equivocadas”, añade, recordando que el
fundador de Wikileaks aseguró que entre
sus documentos hay “fuentes confidenciales y denunciantes cuya identidad y
privacidad también deberían ser proteg