La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, ha pedido a la Asamblea Legislativa de El Salvador que reflexione
sobre el proyecto de ley de Reconciliación Nacional porque podría “traducirse
en una amnistía de facto”.
Esto debido a que la Comisionada, cree que algunas
disposiciones de la ley benefician de forma indebida tanto a los responsables materiales, como a
los autores intelectuales y a los altos mandos que ordenaron o no hicieron nada
para frenar los “crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra” cometidos
durante el conflicto.
Ya que la elaboración del anteproyecto no ha sido
transparente y no ha contado con la participación de las víctimas.
El anteproyecto de ley pretende que se suspendan las
penas de prisión para todas las personas que reconozcan su responsabilidad en
crímenes cometidos durante el conflicto y se sustituyan por servicios a la
comunidad.
Además, impediría investigar y sancionar a los autores
intelectuales y a todos los miembros de las cadenas de mando que estuvieron
involucrados en las atrocidades.