La chilena Michelle Bachelet asumió el cargo de
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),
justo cuando en Nicaragua se vive una crisis por la represión desatada por el
gobierno de Daniel Ortega, quien apenas en la víspera expulsó a la misión de
observadores de esa oficina de la ONU.
La también dos veces presidenta de Chile y
quien es desde ahora la titular de la oficina del ACNUDH, asumió el cargo
apenas dos días después del informe del organismo que llamó a “tomar medidas
urgentes para abordar la crisis de derechos humanos en Nicaragua, donde el
grado de represión es tan alto que muchas de las personas que participaron en
las protestas iniciadas en abril, defendieron los derechos de los manifestantes
o simplemente expresaron opiniones disidentes se han visto obligadas a
esconderse, a salir del país o a intentar hacerlo”.
El equipo responsable de redactar el informe del ACNUDH, encabezado por Guillermo Fernández Maldonado, fue expulsado de Nicaragua por órdenes del presidente Daniel Ortega, luego de que se hizo público el reporte que señala que “la represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista. La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza”, afirmó el organismo mundial.
La Oficina del ACNUDH llamó al
Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general a que
adopten medidas específicas, con el fin de evitar que la crisis actual degenere
en disturbios sociales y políticos aún más graves. “Cualquier medida de esa
índole debería velar por la plena exigencia de responsabilidades en relación a
las violaciones y los abusos de derechos humanos, así como garantizar el acceso
eficaz de las víctimas a la justicia y las reparaciones apropiadas,
comprendidas las indemnizaciones y el derecho a conocer la verdad”, dijo el
organismo.
El informe abarca el periodo
comprendido entre el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas contra el
proyecto de reforma de la seguridad social, y el 18 de agosto. Entre las
violaciones y los abusos del derecho internacional de los derechos humanos
documentados en el informe figuran el uso desproporcionado de la fuerza por
parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, las
desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y generalizadas, las
torturas y los malos tratos, y las violaciones del derecho a la libertad de
opinión, expresión y reunión pacífica.