Caso Lava-Jato: Una perspectiva desde el Análisis de Redes Sociales

El Análisis de Redes Sociales (ARS) se ha convertido en una herramienta que facilita la organización, sistematización, análisis y visualización de estructuras criminales. Dicha herramienta proporciona información certera y concisa sobre hechos y dinámicas entre individuos y grupos. Se ha destacado por ser una herramienta fundamental para el desarrollo de estrategias para su desarticulación en casos particularmente extensos y de difícil visualización como son aquellas estructuras de corrupción, donde es necesario entender todas las acciones e interacciones entre criminales de tiempo completo y agentes grises^[1]. En este artículo se definen algunas de las estrategias utilizadas para el análisis de la estructura de corrupción conocida como “Lava Jato”. De igual forma se expresan los principales resultados de este análisis.

En marzo de 2014, la Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil iniciaron una investigación, aún en curso, para identificar y desarticular esquemas de corrupción y lavado de dinero. Desde su inicio y hasta mediados de 2018, en el marco de esta operación se han desarrollado 51 fases de investigación en las que se ha revelado la participación de empresas privadas y estatales, funcionarios de alto rango, políticos, empresarios, operadores financieros y narcotraficantes, en un área de operación que abarca más de 47 países. Considerando la cantidad y variedad de agentes implicados, las grandes sumas de dinero, el número de pruebas documentales, el número de declaraciones y la cantidad de países involucrados, este caso supera a la mayoría de los postulados conceptuales y metodológicos de los sistemas de justicia a nivel mundial.

Por un lado, desde la perspectiva conceptual, la noción de crimen organizado adoptada por la mayoría de las naciones limita la composición de una estructura criminal a un grupo de personas (tres o más) que operan dentro de una organización jerárquica con roles estrictamente definidos, a lo largo de un tiempo indeterminado, para llevar a cabo un objetivo criminal que necesariamente debe materializarse en conductas antijurídicas graves^[2] definidas por las leyes específicas y especiales de cada país. Lo anterior se convierte en un obstáculo para el análisis de estructuras complejas al limitar la composición de estas estructuras únicamente a criminales de tiempo completo, los cuales cuentan con roles totalmente definidos y subordinados a un líder que concentra la toma de decisiones de todas las acciones ejecutadas por la organización. Igualmente, la restricción y subsidiaridad a ciertos tipos penales definidos como graves por cada Código Penal obstaculiza la comprensión del alcance de las estructuras criminales modernas, las cuales, como demuestra el presente caso, necesariamente operan entre la legalidad e ilegalidad.

Por otro lado, desde una perspectiva metodológica, las limitaciones en los conceptos establecidos por las leyes especiales originan diversos obstáculos epistemológicos para la investigación de estos fenómenos. En primer lugar, genera que los investigadores, o fiscales, limiten su análisis a criminales de tiempo completo, lo que provoca una imagen sesgada de la operación y alcance de las acciones de la estructura. En segundo lugar, limita el análisis de conductas y hechos a tipos penales definidos como graves, pues el tipo penal de asociación ilícita per se es subsidiario a la comisión de aquellos delitos. Esto ocasiona que las actividades, no necesariamente ilegales, pero necesarias para lograr un objetivo criminal^[3], no sean consideradas dentro de la trama delictiva, lo que afecta la determinación de responsabilidades. En tercer lugar, distorsiona la imagen de la estructura criminal, pues el analista o investigador tiene la consigna de crear una estructura piramidal y compuesta por agentes con roles definidos, lo cual en la práctica no ocurre. Esto ocasiona que en muchos casos se adjudiquen funciones, responsabilidades o hechos que no les pertenecen a miembros de la estructura y que posteriormente no pueden ser acreditados en el juicio.

Dicho lo anterior, para realizar el análisis de la estructura “Lava Jato” se basó en los conceptos y postulados de la teoría de redes, la cual establece que una red social es un grupo de entidades colaboradoras y relacionadas entre sí^[4]. De ahí que su análisis se realiza mediante nodos que representan individuos y líneas o arcos que representan interacciones o vínculos^[5]. Para ello se identifican todos los nodos/agentes que intervienen en las interacciones de los diferentes tipos de prueba en la investigación criminal. En este sentido, no sólo se sistematizan interacciones y agentes/nodos estrictamente criminales, sino todos aquellos que se pueden recabar de la información analizada.

Figura 1. Estructura sintética para sistematizar información

Cada elemento de esta estructura sintética es ingresado a una base de datos sistematizada mediante algoritmos que facilitan la asignación de categorías y la generación de matrices adyacentes a la base de datos que son utilizadas para calcular los diferentes indicadores. Una vez sistematizado, se aplica un conjunto de algoritmos, el cual genera indicadores de rutas geodésicas, entre los cuales destacan los indicadores de centralidad de grado, intermediación y cercanía. Todo esto nos permite comprender cómo los nodos/agentes, en consideración a su capacidad de agencia moral, interactúan durante un periodo de tiempo para lograr objetivos ilícitos a través de múltiples prácticas de corrupción y lavado masivo de dinero.  

En el caso en particular de “Lava Jato”, se establecieron las siguientes dimensiones para la clasificación de las interacciones: (i) dimensión económica, la cual define subcategorías relacionadas con el movimiento de dinero y transacciones financieras; (ii) dimensión política, la cual refiere interacciones relacionadas con y entre líderes políticos, candidatos y algunos funcionarios públicos y privados; (iii) dimensión logística, que abarcan interacciones relacionadas al modus operandi del esquema criminal. Asimismo, se aplicaron las siguientes categorías para clasificar a los agentes/nodos involucrados en las interacciones: (i) sector público, el cual comprende todos los empleados públicos de cualquier institución de gobierno; (ii) sector privado, refiriéndose a todas aquellas personas que desempeñan una actividad comercial lícita y fuera de la esfera pública; (iii) criminales de tiempo completo, el cual abarca a todos aquellos agentes/nodos que realizan como trabajo habitual una actividad que se encuentra definida en algún tipo penal; (iv) instituciones financieras, el cual agrupa agentes/nodos que pertenecen al sistema financiero. Estas clasificaciones nos permiten entender el rol organizacional e institucional de cada agente/nodo, además de las características particulares de la estructura.

Posteriormente, se calcularon los siguientes indicadores: (i) centralidad de grado, el cual permite identificar la cantidad de interacciones directas establecidas para cada agente/nodo e (ii) intermediación, el cual identifica a los agentes/nodos con mayor capacidad para arbitrar o intervenir en rutas geodésicas entre nodos. Dichos indicadores son representados de manera visual en el gráfico generado por los algoritmos de análisis. Por un lado, el indicador de centralidad de grado se visualiza en cada uno de los nodos y este se representa a través del tamaño de circunferencia del nodo. Por otro lado, el indicador de intermediación se visualiza de forma cartesiana y este se representa a través de la posición del nodo dentro del plano del gráfico. En este último, el centro del gráfico como el punto total de intervención en las rutas geodésicas y los márgenes de este como los extremos mínimos de intervención.

Figura 2. Gráfico que representa la macro-estructura de “Lava-Jato” hasta octubre de 2017

Ahora bien, una vez diseñado el modelo y calculados los indicadores, los resultados obtenidos fueron los siguientes: de 906 nodos/agentes investigados se identificó que el 65% pertenecen al sector privado, 19% al sector público, 11% son considerados criminales de tiempo completo y 5% a instituciones financieras. La primera categoría se compone de (i) 252 empresas brasileñas que fueron usadas para situar contratos de corrupción, (ii) 170 empresarios que pagaron sobornos para obtener privilegios indebidos para contratar con el Estado, (iii) 109 empresas offshore mediante los cuales se hicieron los pagos de soborno a servidores públicos, (iv) 21 consorcios brasileños creados por empresas legítimas y de fachada para facilitar el fraude a licitaciones, y (v) 15 cuentas en el extranjero utilizadas para el lavado de activos. Asimismo, dentro del apartado (i) se vislumbraron 12 empresas instrumental/pantalla creadas para sustentar las transacciones económicas ilegales realizadas por la organización. Por ejemplo, la empresa MO Consultoría, creada y controlada por el cambista Alberto Youssef, pese a que no ofrecía productos o servicios reales llevó a cabo un gran número de contratos con la empresa pública Petrobras y empresas privadas como Sanko Sider, Sano Servicios, Consórcio Rnest-Conest, Galvâo Engenharia S.A., Consórcio SEHAB Ltda., OAS Ltda., entre otras, con el objetivo de justificar transferencias económicas.

La categoría de sector privado se compone de (i) 100 funcionarios públicos, (ii) 24 congresistas, (iii) 16 políticos brasileños, y (iv) 13 partidos políticos. De igual forma, dentro del apartado (i) se identificaron 7 funcionarios de alto nivel de la empresa pública Eletrobras y 8 directivos de la empresa pública Petrobras. De acuerdo con el análisis realizado, los agentes/nodos agrupados dentro de esta clasificación recibieron un porcentaje del 3% del valor de cada contrato que pagaban las empresas privadas por concepto de corrupción. La clasificación de criminales de tiempo completo agrupó (i) 47 testaferros, (ii) 19 cambistas, (iii) 21 operadores financieros, y (iv) 8 narcotraficantes. Finalmente, la categoría de instituciones financieras se encuentra integrada por (i) 4 bancos y (ii) 1 fondo de inversión, los cuales fueron utilizados para insertar los activos operados por la estructura criminal en el sistema bancario nacional.

En este sentido, el modelo aquí descrito reveló un entramado en el que partidos políticos y empresarios eligieron a funcionarios públicos para desempeñar puestos clave dentro de la administración pública, incluyendo la dirección de varias empresas estatales, con el fin de favorecer los intereses de estos grupos. Este esquema operó principalmente de la siguiente manera: (i) empresas importantes de Brasil, cartelizadas en “El Clube”, pagaron sobornos a partidos políticos con el fin de obtener facilidades en los procesos de licitación pública; (ii) partidos políticos mediante sus representantes en la rama ejecutiva y legislativa, nombraron y mantuvieron a funcionarios públicos en puestos claves para ejecutar los beneficios a las empresas cartelizadas; (iii) operadores financieros crearon empresas en territorio nacional y en el extranjero para dar aspecto de legalidad a las transferencias económicas llevadas a cabo; (iv) cambistas realizaron operaciones “cabo-dolar”^[6] para regresar e insertar el dinero proveniente de los sobornos en el sistema bancario nacional; (v) los funcionarios públicos  y partidos políticos inmersos en este esquema recibieron de 1% a 3% del valor de cada contrato. Con los beneficios económicos que las empresas obtenían por la ejecución de las obras públicas, el esquema descrito se consolidó como un sistema autopoiético que se reprodujo, al menos, a lo largo de 15 años.

El presente análisis desafía los conceptos tradicionales de corrupción y las metodologías de investigación, pues la estructura aquí analizada no consistió sólo en pagar sobornos esporádicos a funcionaros públicos para obtener contratos, sino de cooptar instituciones públicas y empresas privadas para obtener beneficios en una perspectiva perdurable. De esta forma, se coordinaba el poder económico de las empresas de infraestructura más sólidas de Brasil, el poder político de los partidos de gobierno y oposición, y el poder ilícito/delictivo de cambistas expertos en operaciones de lavado de dinero.

En un caso tan complejo como el aquí analizado, por ejemplo, si no se hubiera reconstruido el variado y sistemático esquema de relaciones económicas y políticas entre diversos agentes públicos y privados, como en el caso de, la financiación de partidos políticos y el elaborado proceso lavado de dinero, no habría sido posible perseguir penalmente las interacciones ilícitas/delictivas entre partidos políticos, líderes políticos, empresarios, operadores financieros y funcionarios públicos de alto nivel. En este sentido, aunque cierta literatura reciente reconoce y aborda el vínculo entre la corrupción y el funcionamiento formal de la democracia, como las reglas y procesos electorales, o el modelo y nivel de descentralización político-administrativa, no se alcanza a reconocer en su verdadera dimensión la influencia que puede tener la corrupción en las instituciones democráticas, hasta el punto de avanzar hacia su captura y reconfiguración cooptada^[7], es por ello que la presente metodología y análisis son de suma importancia para el para el combate y conceptualización de estos macro-fenómenos criminales.