Alfie nació el 9 de mayo de 2016, hijo de Tom Evans y Katie
James, de 21 y 20 años, residentes en la localidad de Bootle, junto a
Liverpool. En diciembre de ese mismo año fue ingresado en el hospital infantil
Alder Hey de la ciudad del norte de Inglaterra, tras sufrir una serie de
convulsiones. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad neurológica
degenerativa, que no han llegado a identificar inequívocamente. Alfie entró en
un estado semivegetativo del que nunca se recuperó.
Pronto empezaron a surgir las diferencias entre los padres y
el personal médico que trataba al pequeño. El conflicto devino en un debate
público sobre qué sucede cuando los médicos y los padres están en desacuerdo
sobre qué es lo mejor para un niño. La ley británica da a los padres el derecho
a decidir lo que suceda con su hijo, incluido el de negarse a que reciba
tratamiento médico.
Pero no es un derecho absoluto. Si una entidad pública
considera que las decisiones de los padres entrañan el riesgo de perjudicar al
niño, puede desafiar esas decisiones acudiendo a la justicia.
Eso es lo que hizo el hospital en diciembre de 2017. Empezó
entonces una frenética batalla judicial. El hospital alegó que las pruebas
médicas mostraban “una degradación catastrófica de su tejido cerebral” y que
“continuar con el tratamiento sería no solo inútil, sino cruel e inhumano”. Los
padres expresaron su desacuerdo y solicitaron permiso para trasladar a su hijo
al hospital Bambino Gesu, en Roma, donde se les habían ofrecido esperanzas de
prolongar la vida del pequeño.
Hasta mediados del año pasado apenas se había oído hablar
del caso más allá de Liverpool. Pero un día de julio, Christine Broesamle, una
activista próvida estadounidense basada en Roma, vio un post en Facebook de Tom
Evans en el que explicaba que los médicos querían desconectar el soporte vital
a su hijo.
Hacía apenas unos días que había fallecido el niño de 11
meses Charlie Gard, con una rara enfermedad terminal, que estuvo en el centro
de una tormenta semejante. Broesamle se puso en contacto con Tom Evans, según
publica The Guardian, y le contó que habían estado asesorando a los padres de
Charlie con el objetivo de trasladarlo a Italia para obtener tratamiento, y que
podían hacer lo mismo por Alfie. El padre aceptó la oferta de ayuda. Un mes
después, siguiendo lo que ella misma definió como “una llamada de dios”,
Broesamle se trasladó a Liverpool, desde donde ha desempeñado un papel
destacado asesorando a los padres de Alfie.
El propio Tom Evans ha declarado que Broesamle organizó su
audiencia con el papa, aunque fuentes cercanas a la activista, citadas por The
Guardian, lo atribuyen a dos periodistas de La Nuova Bussola Quotidiana, un
periódico católico que ha realizado una extensa cobertura del caso, muy critica
con los jueces y los médicos.
A principios de este mes, los Evans sustituyeron a su equipo
de abogados locales por el Centro Legal Cristiano (CLC), una organización que
defiende a “individuos e iglesias que han sufrido discriminación y desafíos por
su deseo de vivir y trabajar de acuerdo con las creencias bíblicas”. El juez
que dictaminó el pasado martes contra su traslado a Italia criticó la “mano
maligna” de Pavel Stroilov, un estudiante ruso de Derecho, vinculado al CLC,
que animó a los padres a denunciar por asesinato a los médicos. El viernes, el
CLC rechazó los comentarios “perjudiciales e inflamatorios” del juez y denunció
las críticas de que han sido objeto en “los medios y los tribunales”.
El pasado 20 de febrero el juez dictaminó que los médicos podían
dejar de proporcionar soporte vital a Alfie contra los deseos de sus padres. A
la salida del juicio, el padre dijo a los medios que creía que su hijo
respondía a los estímulos y estaba mejorando. El problema, explicaba el abogado
del hospital, es que “los padres le miran y, quitando la parafernalia de la
respiración y alimentación, es un niño dulce, adorable y de aspecto normal que
abre los ojos, sonríe…”. Pero cualquier movimiento de Alfie, advertían los
médicos, era producto de convulsiones espontáneas.
Los padres no se rindieron y recurrieron la decisión del
juez. El 6 de marzo el tribunal de apelación ratificó la sentencia. Agotadas
todas las instancias británicas, apelaron al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, que no admitió el recurso al no estimar una violación de derechos
humanos.
El 18 de abril Tom Evans viajaba al Vaticano para una
audiencia con el papa. El Gobierno dio la nacionalidad italiana a Alfie
esperando que eso facilitara su traslado inmediato a Roma. El papa reiteró en
Twitter su apoyo a la familia. Pero el juez cerró esa última puerta de
esperanza al recordar que Alfie era un ciudadano británico bajo la jurisdicción
de la justicia británica.
Durante todo el proceso los padres han recibido el apoyo del
llamado Ejército de Alfie, una campaña con casi 900.000 seguidores en redes
sociales, algunos de cuyos miembros se congregaban regularmente a las puertas
del hospital. La policía ha abierto una investigación sobre supuestos abusos
verbales al personal del centro. Los padres de Alfie se disculparon, asegurando
que no era su intención “perjudicar o causar conflicto o molestias”.
El lunes 23 de abril, a las 21.00 se retiraba el soporte vital a Alfie. El padre aseguró que su hijo continuaba respirando y que había que volver a conectarlo. “Por tercer día, no ha habido un solo problema con él”, declaraba ante el hospital. “No es un milagro, es un diagnóstico equivocado”. El mismo día, tras una reunión con los médicos, los padres de Alfie daban por agotada su lucha y prometían trabajar con los facultativos para dar a su hijo “la dignidad y el consuelo que necesita”. Agradecieron su trabajo al personal del hospital. También agradecieron a aquellos que les habían mostrado su apoyado todos estos días. Pero les pedían que se fueran ya a casa.
FUENTE: EL PAÍS