Exigen ONGs crear la Fiscalía General de la República, autónoma e independiente

Redacción/mirador judicial 2018-03-04 23:01:01 organizaciones sociales,PGR,derechos humanos ,fiscalía general de la república,víctimas,organizaciones sociales,derechos humanos ,fiscalía general de la república,víctimas



Las más importantes organizaciones sociales y de derechos humanos en México, además de algunos grupos internacionales, llamaron al Senado y al Presidente de la República para que se reforme de manera integral la Procuraduría General de la República (PGR) y se transforme en una fiscalía autónoma, independiente y eficaz que investigue delitos y sancione a las personas responsables, en términos del Dictamen Ciudadano presentado ante el Congreso de la Unión y los partidos políticos. En un comunicado dijeron que se requiere una institución que dé respuesta a miles de víctimas y ciudadanos/as frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos.


Esa reforma no puede esperar más y muestra de ello es la debacle que se vive actualmente en la Procuraduría: la falta de titular –tenemos 5 meses con un procurador interino en una de las principales instituciones del país–, fallas en las investigaciones y acuerdos publicados al vapor, sin consultar a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil que han sido parte fundamental para empujar la Ley General en materia de Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Forzada por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Vivimos una institución que no sólo vulnera los derechos humanos de víctimas y personas imputadas.


Recordaron que desde octubre de 2017 la PGR no cuenta con titular, lo que se ha traducido en una serie de fallas en las investigaciones. Destacan: 1) No se puede acceder a los expedientes, ni obtener copias de los mismos aunque la víctima sea parte de la investigación, lo que impide valorar el avance en las investigaciones y llevar a cabo una coadyuvancia efectiva. La intervención de la víctima es uno de los pocos mecanismos de control en investigaciones de delitos que implican graves violaciones; 2) el cierre de averiguaciones previas relacionadas con violaciones graves a derechos humanos sin que se realice una investigación; 3) se desacreditan las pruebas independientes que presentan las víctimas y se les impide nombrar a expertos independientes; 4) los espacios de diálogo que existían para construir y dar seguimiento a las políticas construidas de manera conjunta han desaparecido; 5) se emitieron acuerdos sobre investigación de casos de desaparición forzada sin que se tomara en cuenta familias y organizaciones que han sido cruciales para lograr un régimen de búsqueda e investigación en este tipo de casos; 6) no se cumplen las sentencias de amparo.

Dado lo anterior, los grupos inconformes pidieron que el Senado y el Presidente empujen la reforma integral del artículo 102, apartado A, constitucional, en los términos que hemos propuesto. No obstante, hasta en tanto se logren las reformas estructurales que son necesarias para combatir a fondo y de raíz la impunidad en México, es necesario  que de manera urgente se  designe un(a) Procurador(a) independiente –bajo procedimientos acordes a estándares internacionales y con amplia participación ciudadana– que sea la persona más capaz para enfrentar en estos momentos la crisis de la PGR. Por último, que se reformen los acuerdos publicados el 16 de febrero a partir de un diálogo con colectivos de familiares, organizaciones y agencias de Naciones Unidas que sirva como primer paso para atender todas las fallas que han generado la debacle de la PGR.


El 28 de febrero se hizo llegar una carta pública al Presidente de la República y a las y los senadores, para que atiendan las solicitudes anteriormente planteadas. Esperamos una pronta respuesta y la adopción de medidas inmediatas. Sin las familias no, concluye el documento firmado por alrededor de cien organizaciones sociales y de víctimas.